Altos cargos del Gobierno y el presidente de Acuamed acusados de manipular la prueba clave del caso

El llamado caso Acuamed, utilizado por el PSOE para castigar al PP a cuenta de la corrupción cuando el juez Eloy Velasco registró la sede de esta empresa pública y metió en la cárcel a la ex cúpula de la firma y a varios constructores en 2016, ha estallado por los aires. La defensa de una de las empresas investigadas por supuestamente pactar sobre precios en las obras a cambio de regalos para los dirigentes de Acuamed ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que demuestra que altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica y el actual presidente de la firma se saltaron las órdenes del juez que investiga ahora el caso, Manuel García Castellón, y elaboraron desde el Ministerio de Teresa Ribera el peritaje de las obras a los peritos judiciales. Han leído bien: ingenieros del Ministerio -de parte- le hicieron los peritajes a los ingenieros peritos judiciales -independientes, en principio-. Acuamed, que depende del Ministerio, es una de las acusaciones en el proceso.

Este peritaje de las obras bajo sospecha es la prueba clave porque para saber si la ex cúpula de Acuamed infló los precios a favor de las constructoras hay que determinar con estos informes el valor real de las obras. Si no se sabe el precio de la obra, difícilmente se puede acusar a nadie de inflarlo. Con este objetivo clave, el juez ordenó al Ministerio de Transición Ecológica en un auto de marzo de 2018 -estaba el PP en el poder- nombrar a dos peritos independientes para que realizaran ese trabajo. En mayo se nombró a dos ingenieros del Colegio de Ingenieros, que pasaron a ser peritos judiciales -independientes, por tanto-.

El magistrado ordenó a los peritos realizar el informe pericial a partir de la «documentación intervenida» por la Guardia Civil en los registros de la sede de la compañía en 2016 -discos duros, contratos, papeles…-, y mediante «informes policiales, realización de los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que se crean oportunos para reconocer la realidad física de las obras». Documentación intervenida, informes policiales, y análisis de las obras físicamente.

Según el escrito de la constructora, fechado el 11 de enero y al que ha tenido acceso este diario, los dos peritajes aportados al juez y firmados por los dos peritos judiciales fueron elaborados realmente por dos ingenieros funcionarios del Ministerio de Teresa Ribera: C.S.R en el caso del informe sobre la obra del río Serpis -una presa más un canal- y F.J.R.M en la de Cerro Colorado -llevar agua de la desaladora de Águilas a los regantes de Lorca a través de una tubería-.

Los peritos judiciales han admitido en un escrito al juez que recibieron la ayuda de estos dos ingenieros del Ministerio de Ribera pero sólo como «técnicos de apoyo», y que los informes que hicieron estos «técnicos de apoyo» los utilizaron sólo como «meros borradores».

Sin embargo, la constructora demuestra en el escrito que los informes de los funcionarios de Ribera -«meros borradores»- son exactamente iguales a los informes definitivos aportados por los peritos judiciales al juez García Castellón. En el caso del primer informe: «Sólo se ha procedido a añadir por parte del perito judicial los cuatro primeros apartados, que son meramente expositivos: 0.- Manifestación Previa y Cualificación Técnica; 1.- Antecedentes Administrativos de la pericia; 2.- Objeto del Trabajo; 3.- Antecedentes».

Y en el segundo peritaje: «Comparando los índices de los dos documentos se comprueba que 9 de los 11 capítulos recogidos en el documento del técnico de apoyo figuran en el de los peritos judiciales. Los no coincidentes puntos 6.21 a 6.30 son documentos meramente expositivos, sin análisis técnico alguno». Todo esto apoyado con imágenes de los dos informes en los que se ve que son similares.

Conclusión, según la acusación de la constructora: el juez ordenó a dos peritos independientes el peritaje de las obras de Acuamed para determinar su valor real a partir de la documentación intervenida por la policía en los registros. Pero estos dos peritos firmaron dos informes que se hicieron en realidad desde el Ministerio de Transición Ecológica, que forma parte de la acusación. 

Altos cargos y presidente de Acuamed

Pero eso no es todo. Primero, porque uno de los peritos judiciales no sólo ha admitido que recibió informes de ingenieros funcionarios del Ministerio. También ha reconocido en un escrito al juez la intervención no técnica en la elaboración de los informes de tres altos cargos del Ministerio: Luis Buñuel, Director General de Servicios, Javier Pérez, Subdirector General de Recurso Humanos e Inspección de los Servicios, y Santiago Millán, Subdirector General de la Oficina Presupuestaria.

Además, la constructora aporta en su escrito al magistrado que hasta el presidente de Acuamed, Javier Baratech, envió información en 2018 al Ministerio de Transición Ecológica para hacer los peritajes pese a que el juez señaló expresamente que tenía que hacerse con la «documentación intervenida». «Es como si en un asesinato se manipula la escena del crimen después de que se haya levantado el acta», dicen fuentes de los acusados.

Esta es una de las pruebas incluidas en el escrito: una carta de Baratech a un alto cargo del Ministerio comunicándole el envío de documentos en junio de 2018, dos años después de los registros de la policía en 2016.

Ante esta situación, la constructora ha pedido que se anulen los peritajes de las obras, escrito al que ya se han adherido otros acusados.